Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia, luego de que el miércoles el jefe de Gabinete, Marcos Peña,informara por escrito a la Cámara de Diputados que el presupuesto destinado a la Iglesia Católica asciende a $130 millones.

“Tras las declaraciones de Marcos Peña en el Congreso de la Nación, los diputados del PTS en el Frente de Izquierda exigen que se deroguen las normas que garantizan el financiamiento de esta institución por parte del Estado”, planteó el FIT en un comunicado de prensa, en el que dieron cuenta de la presentación de una iniciativa parlamentaria en ese sentido.

Del Caño cuestionó que “la mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar que todavía están vigentes, gobierno tras gobierno”.

Por su parte, González Seligra reclamó “que el Estado deje de financiar a la jerarquía religiosa”, como así también la “inmediata separación de la Iglesia del Estado“.

En ese punto, consideró que “ese financiamiento garantiza desde lainjerencia de la Iglesia en la definición de las políticas de Estado, como vemos con las trabas que impone su férrea oposición a la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral o el aborto legal, hasta la impunidad que encubre a los curas abusadores“.

Peña brindó el miércoles su resumen de gestión periódico en la Cámara baja y en el informe escrito que presentó para contestar 1.318 preguntas de los diputados, respondió a una consulta del bloque Evolución Radical, que conduce Martín Lousteau, sobre los recursos públicos que se destinan para el funcionamiento de la Iglesia Católica. Entonces, detalló que los obispos diocesanos perciben un haber mensual de $46.800; los obispos auxiliares$40.950; los obispos eméritos, $40.950, mientras que administradoresapostólicos y diocesanos cobran $46.800.

Efectos
Ante la polémica que levantó el tema, el Arzobispo de La Plata Monseñor Héctor Aguer aseguró que el aporte económico que recibe del Estado lo gasta en “darle a los pobres” y está fundado en el artículo segundo de la Constitución Nacional.