El PJ podría quedarse con el control de la cámara electoral

La pulseada por uno de los cargos más trascendentes que interesan a la política y a la Justicia comienza a encarar la recta final. Se trata de la cobertura de una vacante clave en la Cámara Nacional Electoral (CNE) -máximo tribunal de control de las elecciones- que puede inclinar la balanza con miras a una reforma electoral para 2019.

El jueves último se llevó a cabo la primera ronda de entrevistas personales para definir el orden de mérito, luego de los exámenes escritos y resueltas las impugnaciones a los candidatos. En despachos oficiales suena que más allá de la terna final, el cargo será para Hernán Gonçalves Figueiredo, actual secretario de Actuación Judicial de la CNE que cuenta con el aval del camarista Santiago Corcuera. La ecuación deja bien parado al peronismo que lograría hacerse de la mayoría en el estratégico tribunal y resolvería una puja con la UCR. Esa codiciada posición será parte del proceso de negociación (no la única) que el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto aspira a resolver cuando tenga que sumar sus votos a la postulación de Inés Weinberg de Roca a la Procuración General. El Gobierno es espectador de lujo en la contienda: no cuenta con candidato propio.

El 8 de febrero quedó depurado el listado de 22 postulantes a la vacante que es arrastrada desde 2016. Solo 12 de ellos fueron convocados a la instancia oral del jueves que reordenará el tablero de posiciones y que puede volver a modificarse antes de que la Comisión de Selección del Consejo defina la terna que elevará al Poder Ejecutivo. En el Senado están dispuestos al aval de Gonçalves Figueiredo (hasta hoy tercero), que sería un guiño a la propia Cámara y al sector PJ de buen diálogo con Corcuera. Cualquier reforma electoral que la Casa Rosada decida reimpulsar deberá pasar por el tamiz de la CNE. Esto vuelve un sitial estratégico el tercer sillón de la Cámara para conformar mayoría. Lo mismo que para aprobar los balances de gastos y aportes de campaña, sumado a los esquemas de alianzas que se planteen.

Para el peronismo la vacante de la CNE es uno de los ítems que estarán en la hoja de ruta de la negociación por Weinberg de Roca. El intempestivo anuncio presidencial dejó servida una catarata de pedidos que los hombres de Pichetto aspiran a intercambiar por su pliego para jefa de los fiscales. Tribunales orales, Cámara Federal, Casación Penal y la división de los juzgados multifunción del interior del país (incluyendo la faceta electoral) componen una serie de cargos que el PJ está dispuesto a canjear ahora que percibió el interés de Mauricio Macri en nombrar una procuradora de su riñón.

Hoy las posiciones del concurso 376 encuentran a Alejandra Lazzaro, actual directora de Administración de la CNE, en el primer lugar luego de los exámenes escritos. Es otra candidata pura del tribunal que cuenta con aspiraciones por el aval de la UCR y de Alberto Dalla Vía, el otro de los camaristas que también ha estado tanteando apoyos para empujarla a la vacante. A través de su esposo, Alejandro Gómez cuenta con lazos en la Franja Morada y en la Facultad de Derecho, lo mismo que en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, presidida por la abogada María del Carmen Besteiro, pareja del consejero por el estamento de los jueces Leónidas Moldes.

Hasta ahora no ha habido cortocircuitos entre Corcuera y Dalla Vía por la fallida reforma intentada por Cambiemos. No hizo falta que la sepultaran porque el Senado hizo lo propio. De todas formas, habían advertido por el interés de concentrar el conteo provisorio de datos, algo que siempre ha sido tercerizado. La Boleta Electrónica sigue siendo la apuesta que el Gobierno quiere revivir, y que cuenta con férrea oposición. Que ninguna fuerza política haya podido tampoco tener los balances aprobados de las campañas 2015 y 2017 es una materia sensible sobre la que comienzan a poner atención.

El juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas, con vínculos con el PJ tucumano, se anota segundo lugar en el orden de mérito hasta los coloquios orales, mientras que el cuarto puesto es para el especialista en Derecho Tributario, Gustavo Naveira de Casanova, fiscal general adjunto de la Procuración General. Quinto y sexto puesto corresponden a Alberto Elgassi, (secretario letrado de la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios del Tribunal Superior de Justicia porteño) y al defensor público ante los tribunales de San Justo, Santiago Roca, respectivamente.

La puja por ese sitial avanzó casilleros en la agenda institucional de los bloques parlamentarios como primera escala para lo que vendrá el año próximo.

ámbito.com

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